Servicios lingüísticos forenses
CLINTER ofrece desde hace años servicios lingüísticos-forenses, incluyendo la realización de peritajes lingüísticos de parte en procedimientos civiles y mercantiles, teniendo presente lo dispuesto en el art. 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Estos servicios lo realizan Traductores- Intérpretes Jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, con profundos conocimientos jurídicos, avalados como mínimo con un Grado en Derecho.
Experiencia probada
CLINTER fue la empresa elegida por el Ministerio de Justicia de España para realizar la traducción oficial al inglés para el público general y que constan en su página web como el Código Penal o el Código Civil.
¿En qué consisten los servicios de lingüística forense?
La lingüística forense, o lingüística legal, es una disciplina de la lingüística aplicada que se encarga de analizar las relaciones que mantiene la lengua con el ámbito judicial y legal.
En el marco de la definición amplia de lingüística forense, esta disciplina cubre todas las áreas del lenguaje y el derecho que están interrelacionadas, y se estructura en tres ámbitos fundamentales: el lenguaje jurídico, el lenguaje judicial y el lenguaje probatorio.
Una definición más restrictiva y de uso común comprende exclusivamente la pericia lingüística, es decir, el uso de textos como prueba judicial.
¿Cuándo se requieren estos servicios lingüísticos forenses?
Los trabajos más frecuentes que realizamos suelen ser en el ámbito civil-mercantil emitiendo dictámenes sobre la traducción correcta de un contrato o de unos estatutos cuando existen dos o más versiones contradictorias.
También se puede solicitar la realización de perfiles lingüísticos, la determinación de la autoría de un texto o para estudiar grabaciones para determinar si han podido ser preparadas o pactadas, transcribir grabaciones, detectar plagios, vulneración de los derechos de propiedad intelectual, marcas y patentes, suplantaciones de identidad y para analizar ambigüedades de un texto para determinar sus posibles consecuencias, así como litigios por difamación y, determinando si los derechos de los consumidores y usuarios se ven vulnerados por el etiquetaje de un producto.